LAS MENTIRAS DE LA BALANZA FISCAL.
La Generalidad oculta el superávit y fuerza un saldo negativo con el Estado para reclamar el concierto económico.
Cataluña no sólo no soporta un déficit fiscal del 8,4% de su PIB (16.409 millones de euros en 2009) -como afirma la Generalidad-, sino que recibe del Estado un 4% más de lo que realmente aporta a las arcas de la Hacienda Pública –referido también a su PIB-. Esta es la principal conclusión del informe de Convivencia Cívica Catalana que se presentará próximamente, en el que se analizan los criterios utilizados por el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, al elaborar la balanza fiscal para el período 2006-2009, publicada este mes de marzo.
En declaraciones a Radio Intereconomía en Barcelona, el presidente de Convivencia, Francisco Caja, ha avanzado algunos de los resultados de este estudio, en el que se niega por primera vez el mito de que Cataluña da más al Estado español de lo que recibe a cambio. En el informe se describen los artificios contables utilizados por el consejero Mas-Colell para alcanzar de forma ficticia un déficit fiscal del 8,4% para el ejercicio de 2009, especialmente el mecanismo que se conoce como "balanza neutralizada".
Empleando esta metodología se imputa como "ingresos detraídos de Cataluña" (impuestos recaudados que ‘salen’ de la comunidad) la parte alícuota del déficit público del Estado correspondiente a Cataluña que todavía no se ha liquidado, pero que la Generalidad presupone que se satisfará en el futuro a costa del bolsillo de los contribuyentes catalanes. De acuerdo con su participación en el PIB nacional, se trata del 20% del déficit del Estado -15.000 millones de euros-, que se computa como aportación a España, incrementando así el saldo negativo de la comunidad autónoma.
A la vista de la definición que ofrece el consejero Mas-Colell de balanza fiscal ("diferencia entre los impuestos y otros ingresos aportados desde Cataluña al sector público central y los gastos que este mismo sector público destina a Cataluña"), Francisco Caja considera que "el déficit del Estado no es ni un ingreso, ni un impuesto que Cataluña aporte a la Hacienda Pública". Sin embargo, con este mecanismo aplicado por la Consejería de Economía se ‘neutraliza’ (se equilibra) el presupuesto del Estado, ‘anulando’ "el efecto de la situación financiera del sector público central", según consta en el informe presentado por Mas-Colell.
El criterio utilizado prioritariamente por la Generalidad en la elaboración de la balanza fiscal es el del ‘flujo monetario’ -que "intenta medir el impacto económico generado por la actividad del sector público en un territorio"- en detrimento de la perspectiva del ‘flujo de beneficio’, que busca "calcular cómo se incrementa el grado de bienestar de los individuos residentes en un territorio ante la actuación del sector público".
Atendiendo al flujo monetario, "los ingresos tributarios –en este caso los impuestos recaudados en Cataluña- se imputan al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen". Sin embargo, la interpretación maximalista y torticera que hace Mas-Colell llega al extremo grotesco de considerar que "el IVA pagado por un ciudadano de Oviedo en un comercio de Mataró se imputaría a Cataluña, que es donde se localiza el objeto imponible", a pesar de que quien lo paga efectivamente en último término sea el ciudadano de Asturias.
El informe de Convivencia Cívica también detecta otras arteras prácticas contables en la balanza fiscal, como la de "no imputar a Cataluña importantes gastos e inversiones del Estado que debieran prorratearse para todas las autonomías". Es el caso de los gastos en política exterior, que en el ejercicio de 2006 ascendieron a 765 millones de euros, de los que aparentemente en nada se benefició la comunidad autónoma (0 euros). Del mismo modo, en el año 2007, en el que el Estado invirtió 814 millones en el mismo concepto, la Generalidad cuantifica en 0 euros la repercusión en la economía catalana (de acuerdo con el criterio del flujo monetario).
El procedimiento de minimizar la aportación estatal se detecta también al examinar el impacto de las partidas destinadas a gastos de defensa -7.674 millones de euros en 2006-, que el infome de Mas-Colell reduce a 305 millones para Cataluña. Asimismo, en la balanza fiscal no se imputan a la comunidad autónoma los gastos de las principales agencias y organismos estatales, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria, la Agencia Estatal del Aceite de Oliva, etc.
Tras un exhaustivo análisis del informe presentado por la Generalidad, Convivencia Cívica Catalana concluye -aplicando el método carga-beneficio- que el saldo de la balanza fiscal de Cataluña con el Estado es positivo (+4% -es decir, superávit-, en lugar del -0,4% -déficit- obtenido por el PSC estimando supuestamente el flujo monetario sin neutralizar). Según Francisco Caja, el resultado del estudio de Convivencia no debería sorprender, ya que "con la crisis se ha recaudado mucho menos en toda España, pero se ha mantenido el gasto (también en las comunidades autónomas), aun a costa de aumentar el déficit público".
En definitiva, la finalidad de todo el falso entramado de la balanza fiscal y la utilización de mecanismos y artificios contables para forzar un déficit de Cataluña respecto a España obedece a la necesidad política y propagandística de justificar el pacto fiscal como forma de corregir los agravios económicos que, según la Generalidad, sufre Cataluña.
Extraído del periódico: LA GACETA.
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