Huelgas, encierros y manifestaciones se
prodigan en una escalada de tensión
La sanidad madrileña arde. Tras la presentación
de unos presupuestos para 2.013 en los que la Consejería de Sanidad ha decidido
un recorte de 1.000 millones de euros sobre un presupuesto de algo más de 7.000
millones y la cascada de noticias sobre cierres de hospitales, centros de
especialidades, de salud mental, privatizaciones generalizadas y el anuncio de
despidos masivos, la chispa ha prendido.
Huelgas, encierros y manifestaciones se
prodigan en una escalada de tensión que tuvo un momento destacado en la
monumental manifestación del domingo 18 de noviembre y que tendrá un nuevo hito
el lunes 26 cuando se inicia una huelga indefinida de personal médico y otra del
resto de trabajadores de la sanidad de dos días por semana.
Con el pretexto de la crisis el Gobierno del PP
ha decidido privatizar todo lo que pueda ser negocio y dejar lo público,
degradado al máximo, para la atención de los pacientes no rentables, personas
mayores y enfermos crónicos.
El anuncio del cierre de grandes hospitales (La
Princesa y Carlos III) para convertirlos en geriátricos, privatización de la
gestión de Centros de Especialidades para hacerlos depender del hospital de
gestión privada más próxima, cierre de Centros de Salud y de Salud Mental,
privatización completa del personal sanitario de todos los hospitales de gestión
privada, que hasta ahora dependía de la Comunidad de Madrid y el anuncio de
despidos de miles de trabajadores de la sanidad completan un panorama que ha
hecho saltar la chispa que está incendiando la sanidad pública madrileña.
Todos los gobiernos, estatal y autonómicos, han
ido engordando una bomba de relojería que está estallando ahora en Madrid.
Seguramente la Consejería de Sanidad pensaba que todo estaba controlado al tener
suficientemente comprados y/o debilitados a los grandes sindicatos del sector, a
colegios profesionales y sociedades científicas. Todas estas entidades,
efectivamente, han venido callando mientras se ponían en marcha los 11
hospitales de gestión privada, la transferencia de más de 5.000 sanitarios a los
mismos -pagados por la sanidad pública - el cierre de laboratorios y de miles de
camas en los grandes hospitales públicos y el despido lento pero constante de
trabajadores de la sanidad.
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