"¿Licencia para matar?" por Miguel Lorente Acosta

Acostumbrados a oír hablar de los casos de violencia sobre la mujer con el nombre de ellas (el caso de Ana Orantes, el de Sandra Palo, el de Marta del Castillo, el de la niña Mari Luz, el de Nevenka Fernández…), Bretón ha llegado para llamar a su caso por su nombre y, probablemente, para que se olvide sobre su historia.

Resulta triste, pero es así, el impacto mediático y social del presunto homicidio cometido por José Bretón no se debe al asesinato de sus hijos, sino a la historia que ha creado alrededor de los homicidios, y a la presencia de un artista invitado en forma de error que ha generado aún más suspense y dolor. De lo contrario, otros casos similares en cuanto al resultado (padres que han matado a sus hijos en el contexto de la violencia de género) habrían ocupado un espacio y un interés que no han tenido, y no habrían pasado como se pasa la hoja del periódico con la noticia que los describía. Nadie ha hablado tanto del padre que mató a sus hijos y a su mujer en Elche en 2005, ni del que mató a su hija y a su pareja en Madrid en 2007, ni del padre que mató a sus dos hijos y a su mujer en Yecla en 2008, ni del que acabó con la vida de su hijo en Baleares este pasado mes de febrero, ni de aquel otro que llevó a cabo la misma conducta criminal en Tenerife en julio de 2012... Tampoco de tantos otros que actuaron de forma similar.
La repetición de este tipo de homicidios sin más consecuencias que el rechazo y el impacto emocional significa que no se están abordando las circunstancias que dan lugar a estos crímenes, y que por tanto se pueden volver a producir. Circunstancias que, básicamente, se limitan a dos grandes factores: la presencia de una situación de violencia contra la mujer madre de esos niños y niñas, y la existencia de una ocasión u oportunidad para que el padre agresor pueda estar con sus hijos sin tener en cuenta la situación de riesgo que pueda encerrar.

La violencia de género se dirige contra las mujeres, pero también daña a los menores. Los hijos siempre han sido moneda, no de cambio, sino de continuidad, pues en el fondo lo que pretende un maltratador es continuar con la relación sobre un patrón de dominio-sumisión, y sabe que la amenaza sobre los hijos es la mejor forma de retener a la mujer. A pesar de esta evidencia, la sociedad y las instituciones no siempre se han atrevido a mirar por la rendija de la puerta de estos hogares, y cuando lo han hecho no siempre han querido ver lo que miraban. La situación es tal que con frecuencia se concede una orden de protección y alejamiento para la madre, y al mismo tiempo se establece un régimen de visitas para que ese “padre alejado” pueda acercarse a los hijos que él maltrata por medio de la violencia que ejerce sobre la madre.
El resultado que se deriva de la combinación de ambos factores (violencia de género y oportunidad para la agresión) es tan grave, por acción o por omisión, como por desgracia hemos comprobado en los casos mencionados y en otros que no terminan en el homicidio de los hijos, que podemos hablar gráficamente de que esos permisos para las visitas pueden llegar a actuar como “licencias para matar”.



La baja frecuencia con que se presentan no puede ser un argumento para no hacer nada, es absurdo. Nadie lo dice cuando ante los millones de personas desplazadas por el tráfico de carretera se producen “sólo” 1484 víctimas mortales", ni por el hecho de que los homicidios "sólo" supongan el 0'16% de las agresiones por violencia interpersonal, y tampoco se habla de baja frecuencia cuando nos referimos al número de infartos con relación al total de enfermos del corazón. En todos estos casos se reconoce el problema y se pide tratarlo y prevenirlo en toda su dimensión y en todas sus manifestaciones, y en la violencia de género debemos prevenir nuevas agresiones, también las que se puedan producir sobre los hijos.
Hay que actuar y romper con esa idea tan arraigada de que “un maltratador no tiene por qué ser un mal padre”, imagen estereotipada muy extendida que refleja esa concepción que se tiene sobre la violencia de género como un problema privado y, sobre todo, de los violentos como hombres que en el fondo lo que hacen es corregir algo desviado e imponer el orden alterado.
Y si la sociedad debe cambiar por una cuestión de compromiso con los valores que deben articular y dar sentido a la convivencia, las instituciones, sobre todo la Administración de Justicia, deben de hacerlo por cuestión de responsabilidad.


El pasado día 21 de septiembre la organización Women’s Link Worldwide (Women´s Link Worldwide) presentó una demanda ante el Comité CEDAW, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, por una actuación negligente y descoordinada de todas las autoridades españolas que intervinieron en un caso de violencia de género, cuya consecuencia fue el homicidio de una niña llamada Andrea. Su madre, Ángela González, después de separarse por sufrir malos tratos en 1999 y de denunciar en más de 40 ocasiones las amenazas, los incumplimientos y la violencia que el agresor seguía llevando a cabo sobre ella y su hija, y de pedir protección para Andrea, cada vez más afectada por la violencia que el padre ejercía durante las visitas, no obtuvo ninguna respuesta. Tampoco la obtuvo cuando en uno de esos permisos concedidos el padre asesinó a Andrea y después se suicidó. Ángela agotó todos los recursos disponibles a nivel interno sin lograr que el Estado reconociera su responsabilidad por haber fallado en su obligación de proteger la vida e integridad de su hija y la suya propia. Ángela supo desde el primer momento que el retraso de su exmarido en la entrega de la niña era un aviso mortal, no la creyeron como no la habían creído antes, hasta que la muerte de su hija le dio la razón. Es duro plantearlo de forma tan cruda, pero ese hombre con permiso para ver a su hija a pesar del riesgo objetivo que existía, a tenor de las circunstancias, tuvo una de esas “licencias para matar” que otros maltratadores también han utilizado en diferentes ocasiones.

Es grave que el Estado español pueda resultar condenado por una mala actuación de su Administración en una época en la que el conocimiento y los medios eran menores. Pero más grave resulta que ahora que tenemos el conocimiento y la experiencia, no se sigan desarrollando medidas para que no se vuelva a producir una situación similar.

La credibilidad de las mujeres no puede seguir en cuestión, ni en violencia de género ni en nada, la última consecuencia la tenemos en el homicidio de una niña de 13 años en El Salobral (Albacete).


Artículo extraído de: http://blogs.elpais.com/autopsia/2012/10/licencia-para-matar.html