Ayudas a la vivienda - Beneficiarios por Orden de expediente (Boletín Oficial de Castilla y León)

MÁS Y MÁS RACISMO ANTIESPAÑOL, MÁS Y MÁS DESPRECIO DE LOS DISTINTOS GOBIERNOS A NUESTROS CIUDADANOS MÁS NECESITADOS...

Aquí podeis ver la desproporción de inmigrantes entre los beneficiarios por Orden de expediente, BOCYL (Boletín Oficial de Castilla y León), Pag. 3 a 144: http://bit.ly/uJy83G (URL reducida, hay que esperar 20 segundos para poder visionar el pdf). También en la web de la jcyl: http://bocyl.jcyl.es/html/2011/11/16/html/BOCYL-D-16112011-12.do

Especial mención merece la provincia de Ávila (Pág. 145 y siguientes, del pdf), ciudad con la mayor proporción de inmigrantes menores de España ( http://bit.ly/uv6brw ) cuyos centros están petados de magrebíes, motivo por el que las ayudas económicas a la vivienda se incluyen principalmente en el "Plan de vivienda joven" del que los beneficiarios son en un alto porcentaje estos jóvenes inmigrantes, tal y como puede comprobarse en el listado del primer enlace. Estos inmigrantes, tras su salida de los centros tutelados, son guiados y orientados por asociaciones de integración socio-laboral que les posibilitan el acceso a los "alojamientos protegidos para jóvenes", que según el artículo 27 del Decreto 52/2002 deben ir destinados "especialmente a jóvenes u otros colectivos, como inmigrantes" (Pág. 8: http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254210800.pdf), hasta el punto que actualmente acaparan el plan vivienda joven y de familia numerosa en dicha provincia. Huelga decir que estar incluido en uno de estos planes de viviendas es un requisito clave a la hora de recibir subvenciones.


Hecha la Ley, hecha la trampa.

El colectivo "en riesgo de exclusión social" es un eufemismo mediante el cuál se discrimina a los españoles (que no pertenezcan a una "minoría étnica") y se otorga prioridad a los inmigrantes a la hora de recibir ayudas sociales. Es muy fácil localizar la trampa:

La Consejería competente en materia de vivienda realiza convocatorias de ayudas económicas destinadas prioritariamente a personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad, a víctimas de violencia de género, a quienes tengan a su cargo a personas con discapacidad o mayores de 65 años, y a "personas pertenecientes a otros colectivos en riesgo de exclusión social", que sean adquirentes, adjudicatarias o promotoras individuales para uso propio de viviendas. Aquí está la clave. Cualquier inmigrante, por el mero hecho de serlo, automáticamente entra a formar parte del colectivo "en riesgo de exclusión social", y por tanto, a la hora de presentar los requisitos, tiene mas posibilidades de llevarse las ayudas que un español "en igualdad de condiciones". Dá igual que el español sea desahuciado o se esté muriendo de hambre.

Para ello, la administración se sirve de todo tipo de artimañas propagandísticas y falaces, que no por repetirlas mil veces se convierten en ciertas. Por ejemplo, en el último informe sobre el "II Plan integral de inmigración de Castilla y León 2010-2013" (http://bit.ly/v7HmLj) se afirma lo siguiente:

"Las migraciones hacia Castilla y León desde diferentes países responden a diversas causas, y hemos de destacar por ser este aspecto muy significativo, el que se corresponde con el acceso e incorporación al Mercado Laboral [...] Este hecho se complementa con la necesidad de incorporación al empleo de la población de origen extranjero. Es decir, que las necesidades de unos y otros se combinan para aportar soluciones en un marco de convivencia e incorporación plena que, a su vez, genera mayor riqueza cultural y económica, así como bienestar y prosperidad para todas y todos." (Pág. 7)

En el Plan Director de vivienda de la Junta de Castilla y León (http://www.novaran.es/FicherosDescarga/Legislacion/NormativaJCyL_3.pdf), se dice, acerca de la creciente población inmigrante, que "es un colectivo ARTICULADOR de todas las políticas públicas de la junta de Castilla y León, tratando de su plena integración en la sociedad". (Pág. 9). Y continúa:

"Dentro de las diferentes líneas de ayudas, se ha tenido especial atención a aquellos colectivos para los que el acceso a la vivienda presenta una especial dificultad; es el caso de los jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género y terrorismo." (Págs. 9,20).

Así mismo redunda sobre la importancia creciente de los jóvenes inmigrantes, destacando que han aumentado un 500% en los últimos años, y a los que hay que facilitarles el acceso a la vivienda como factor de integración social (Págs. 28,29). Indicándose también que de esta manera se puede asegurar el reagrupamiento familiar (Pág. 60). Y encima tienen la desfachatez de decir que este servicio se hace "por y para los castellano-leoneses" (Pág. 55)